Por Jorge Raventos
El miércoles 2 de octubre por la noche, el Gobierno terminó de agendar un nuevo desafío político: Javier Milei firmó el decreto 879/2024 y dispuso el veto a la ley de financiamiento universitario apenas horas después de que cientos de miles de personas se manifestaran en Buenos Aires y distintas ciudades del país para pedirle que, al revés, promulgara esa norma ya aprobada por ambas cámaras.
Los árboles y el bosque
Aunque los manifestantes sostienen que “la ley resuelve los problemas responsablemente, porque no compromete fiscalmente al Estado, demandando solo el 0,14% del PBI para su implementación”, el Presidente se aferra a su rechazo intransigente a poner en riesgo el equilibrio fiscal, eje de su gestión.
El Gobierno decidió interpretar la marcha como una suerte de ensayo general de frente opositor y subrayó la presencia en distintos puntos de la movilización de figuras como Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió e inclusive Cristina Kirchner (que no marchó, pero salió al balcón del Instituto Patria, próximo al Congreso) y la asistencia de columnas gremiales. Es probable que los árboles no le dejaran ver el bosque: esas presencias no constituían la urdimbre de las demostraciones, sino apenas un anexo inevitable. La potencia del reclamo y la evidente dificultad (y tozudez) del gobierno para abordarlo hacen el campo orégano a cualquiera de sus diversos adversarios políticos que aspiren a encontrar eco social. No son ellos los que tienen la batuta, sino la sociedad. Milei considera políticamente rentable polarizar con “la casta” y enmascarar su resistencia a las reivindicaciones de la comunidad universitaria.
Al adoptar obcecadamente esa postura y apelar al veto, Milei pone viento en las velas de quienes ahora pueden alegar que fue el propio Presidente quien dejó la insistencia parlamentaria como única salida para aprobar en firme la ley que el Congreso ya había sancionado con 143 votos a favor y 77 en contra (casi los dos tercios que requiere el rechazo al veto). Al firmar su decreto número 879, Milei todavía no tenía ninguna certeza de que oportunamente aparezcan los “87 héroes” que -como ocurrió con el veto al aumento a los jubilados- lo salven del rechazo parlamentario. El Gobierno vuelve a jugar a cara o cruz. Y trata de negociar sobre la hora con fuerzas potencialmente amigables un respaldo que no se había conversado en buen tiempo.
En cualquier caso, aun suponiendo que el oficialismo encuentre aliados dispuestos a rescatarlo de su terquedad a cambio de recompensas simbólicas o sintéticas por el servicio, sería cándido suponer que la notoria efervescencia universitaria se aplacaría con esos manejos. El tema resucitaría parlamentariamente con la discusión de la Ley de Presupuesto y volvería a ganar las calles. Su dimensión marca límites a la libertad de movimientos que la disgregación opositora permite al oficialismo.
Luján y la maldita justicia social
En otra sintonía, la procesión de ayer a Luján también puede interpretarse como un límite. Las multitudes que marcharon no lo hicieron guiadas por un objetivo político, pero sí orientadas, en general, por una Iglesia que prioriza la atención sobre los más vulnerables y desguarnecidos, que, siguiendo el principio del Papa, considera que la unidad es superior al conflicto y que sostiene la justicia social que Milei califica de “maldita”. El arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, definió esas prioridades cuando estaba a punto de encaminarse al santuario lujanense: “Así como el índice de pobreza es terrible, creo que también tenemos que asumir que la responsabilidad es de todos y necesitamos unirnos, no hay otro modo de poder sacar el país adelante”.
La Iglesia interpela a la sociedad y procura sensibilizar al gobierno para que haya una reacción proporcional a la emergencia: la marcha a Luján demostró la densa repercusión de ese llamado.
Un instrumento propio
Previamente, con el acto del sábado anterior en Parque Lezama, los hermanos Milei celebraron públicamente que La Libertad Avanza ha conseguido personería política nacional para su marca: ahora ya no deberán depender, como en los comicios pasados, de personerías ajenas (algunas genuinas, otras truchas) para ejercitar su musculatura electoral. Un logro indiscutible: el gobierno trabaja con la mirada puesta en las urnas de octubre del año próximo. Imagina que conseguirá engrosar significativamente sus magras fuerzas legislativas.
Todo depende de lo que se entienda por “significativo”. Sin duda aumentará sus diputados. De las 127 bancas que estarán en juego, el mileísmo, que hoy contabiliza 39, sólo pone en juego ocho (como punto de comparación, Unión por la Patria, hoy primera minoría con 99 bancas, arriesga 68). Si en el comicio obtuviera un porcentaje semejante al que consiguió en la primera vuelta del año último (un resultado que hoy en el gobierno considerarían muy modesto), el bloque llegaría a superar los 60 integrantes en un cuerpo que cuenta con 257. Se trataría de una fuerte suba, aunque en principio no luzca decisiva.
Si persisten los niveles de fragmentación que hoy muestra el sistema político y el oficialismo consigue armar un sistema de alianzas más o menos firme, desde esa posición de minoría numerosa (eventualmente primera minoría) podría llegar a contener y manejar la Cámara de Diputados, dotándose de una cuota más alta de gobernabilidad.
En el Senado los avances serían más acotados, aunque importantes. El año próximo se renovarán senadores en ocho provincias (Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán). En varias de esas plazas, La Libertad Avanza o sus aliados locales pueden quedarse con bancas que hoy suman a la oposición que en la cámara lidera el kirchnerismo, con lo que el peso que ha ejercido Unión por la Patria en la Cámara Alta con sus casi dos tercios quedaría sensiblemente disminuido.
Primera minoría
Estos cálculos optimistas encendieron la alimentada euforia del acto de Parque Lezama, donde Milei y su hermana Karina, que preside la fuerza política y se lanzó allí como oradora, celebraron ante varios miles de seguidores, contar con un instrumento partidario. Milei fue la figura central y repitió en general su repertorio, aunque introdujo algunas novedades (“¡Acá estamos nosotros para defender el peso!”, exclamó esta vez borrando el incómodo recuerdo de que el peso “es un excremento”. Prometió “sólo buenas noticias de aquí en adelante” y por ahora puede ofrecer algunas, como el éxito del blanqueo y el estrechamiento de la brecha cambiaria).
Fue, eso sí, un Milei recargado en intensidad, que incorporó un nuevo personaje al elenco de la casta al que suele dedicar sus improperios: los consultores de opinión pública. ¿No fue una forma de sangrar por la herida? La gran mayoría de las encuestas registra caídas en la valoración de su persona y de su gobierno y muchas de ellas lo muestran en rojo, con predominio de las opiniones negativas sobre las positivas. Para peor, su vicepresidente, Victoria Villarruel (que no se acercó a Parque Lezama), aparece generalmente a la cabeza, por encima de él. “¡No se dejen desanimar!”, advirtió el Presidente a sus fieles.
Las encuestas indicarían que esos seguidores no se han desanimado, pero que una cuota de quienes lo votaron en noviembre, en la segunda vuelta, ha tomado distancia, en un proceso que no se ha cerrado.
Milei ha satisfecho, en principio, el objetivo de reducir la inflación, aunque todavía falte un buen tramo para, si no eliminarla, colocarla en niveles normales en términos del mundo. El problema es que lo que ahora más preocupa a la sociedad es la combinación de caída de la producción y del consumo y creciente temor por la pérdida del empleo. Para bajar la inflación a los alrededor de 4 puntos actuales (poco menos en la medición que se conocerá en días), el Gobierno aplicó una fórmula de ajuste fiscal, restricción monetaria e intervención cambiaria (cepo) que, paralelamente, nutre la recesión y amenaza la ocupación.
El cepo es un obstáculo para la inversión. Y otro es la atomización del sistema político, que, aunque el gobierno observa y atiza como una ventaja para compensar su debilidad (la actual y también la menos incómoda que puede alcanzar después de la elección de 2025), pero no aporta ningún paisaje de previsibilidad y confianza a los potenciales inversores. El paso atrás de Petronas, que parecía disponerse a protagonizar “la mayor inversión de la historia” en Río Negro junto a YPF y ahora se retrajo, es una señal a tomar en cuenta: el RIGI (régimen de incentivos a las grandes inversiones) es sin duda una condición necesaria, pero no ha sido suficiente. Además de iniciativas atractivas de los oficialismo, los inversores necesitan señales de confianza y estabilidad que normalmente florecen en un clima de acuerdos básicos de Estado, no en una atmósfera de agresividad, desorden y dispersión.